UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES - UNT

 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

 

CONTEXTO ECONOMICO

 

Nuestro país continúa en un proceso histórico de cambio y de crisis estructural; se trata de profundos cambios en su sistema político, en la economía y en la sociedad.  La actual etapa se caracteriza por la inestabilidad y rezago del crecimiento económico.   La vulnerabilidad y dependencia de la economía frente al exterior, se han visto recrudecidas por las crisis financieras periódicas cada vez más profundas, lo que ha agudizado la desigualdad y el proceso de concentración de la riqueza.

 

El comportamiento de la economía mexicana durante 1999 muestra una relativa mejoría en el ámbito financiero, especialmente en los rendimientos del mercado accionario, las tasas de interés tienden a disminuir, la paridad cambiaria recupera terreno frente al dólar y el déficit externo se mantiene en niveles manejables.

 

Sin embargo como consecuencia de la política monetaria restrictiva y del bajo crecimiento económico se ha incrementado el desempleo y continúa el deterioro de los salarios reales.   El crédito escaso y la lenta recuperación económica generan perspectivas poco satisfactorias.   La industria y el mercado interno, no muestran signos de recuperación por lo que los proyectos de inversión por parte del sector privado y del público, en diversas ramas de la actividad productiva, se encuentran en espera de mejores tiempos.

 

Durante 1999 el crecimiento de la economía muestra una desaceleración; las previsiones estiman que el PIB alcanzará un nivel del 3% mientras que la inflación superará el 13% previsto por el Banco de México.

 

Los sectores con crecimiento moderado son los que están ligados a las exportaciones y no se han acompañado de una nueva integración a la economía nacional, por lo que generan cada vez menos empleo indirecto y valor agregado.

 

Con apoyo de los organismos financieros multinacionales se pretende estabilizar la economía, aunque esto no vaya acompañado de un mayor crecimiento económico. En consecuencia, el empleo y la recuperación del poder adquisitivo del salario pueden quedar nuevamente postergados, actualmente el salario mínimo continúa perdiendo capacidad de compra a frente a la canasta básica.

En cuanto a la generación de empleos, la política antiinflacionaria da como resultado que las expectativas de crecimiento de la economía mexicana se frenen, por lo que la expansión de las empresas nacionales y, por lo tanto, la creación de nuevas fuentes de trabajo se ven afectadas.

 

En la política económica del gobierno prevalece el criterio de contener los salarios para combatir la inflación con lo que se deja de lado la necesidad de distribuir equitativamente los costos de la crisis y elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores, mejorando la distribución del ingreso y fortaleciendo el mercado interno.

 

Como resultado de la aplicación de estas políticas las remuneraciones de los asalariados se redujeron alrededor de un 30.4% respecto del PIB, entre 1983 y 1998.   Tal parece que la política salarial del gobierno pretende lograr la competitividad de las exportaciones y atraer la inversión extranjera, por medio del abaratamiento de la mano de obra y de la generalización del empleo precario.

 

En suma, el actual modelo económico ha generado una profunda depresión del consumo de la sociedad mexicana.

 

La reducción del gasto público y la inversión ha generado entre otros problemas los siguientes:

·       El incremento del desempleo.

·       Una mayor precariedad en el empleo.

·       La constante expansión de la marginalidad urbana y el trabajo informal.

·       La profundización de la ancestral miseria en el sector rural.

 

El capital productivo se haya subordinado a la lógica de la especulación impuesta por el capital financiero internacional, el cual se encuentra supeditado a las grandes empresas multinacionales.

 

En este proceso internacional globalizador, nuestro país debe asumir los retos de la transformación y generar la capacidad y vocaciones productivas nacionales para impulsar la expansión y el diseño de estrategias de desarrollo y distribución del ingreso que integren las potencialidades y las fortalezas de los diversos sectores económicos, a través de la capacitación laboral, la promoción de nuevos incentivos para el desarrollo y la innovación tecnológica.  Por último, debe impulsar, la expansión y el desarrollo económico sustentable.

Dos elementos claves para lograr estos objetivos son: por un lado, la reforma fiscal integral que puede permitir al sector público contar con mayores recursos para reactivar la economía y generar más empleos.   Y, la reforma laboral productiva a través de la cual se modernizará la planta productiva nacional y se podrán mejorar los ingresos de los trabajadores.

CONTEXTO POLÍTICO

 

La crisis del sistema político se caracteriza por la descomposición del régimen fincado en el presidencialismo y el autoritarismo corporativista perdiendo con ello su fuente de legitimidad y fuerza.   Recientemente ha iniciado una etapa de mayor actividad política en la cual las instituciones y las organizaciones políticas, se encuentran en un proceso de cambio, en el que las viejas instituciones caducas no se acaban de destruir y las nuevas instituciones no terminan de conformarse, por lo que las reglas de participación política no están claramente definidas, generándose vacíos y polarización en el quehacer político.

 

La polarización de los sujetos políticos y un relativo equilibrio de fuerzas políticas, están dando lugar a una mayor inestabilidad, incertidumbres y confusiones sobre el futuro.   La crisis política se agrava por el proceso de renovación sexenal, y puede impedir que el gobierno actual siente las bases para la superación de la crisis económica.

 

Esta crisis tiene también su expresión en el agotamiento del presidencialismo, el cual es sustituido por la irrupción y confrontación de grupos de poder que se disputan el control y la definición de las nuevas reglas y espacios en el aparato estatal.   Ante las expectativas de relevo, se agudizan las contradicciones y se evidencian las pugnas y conflictos entre las elites políticas.

 

Por el lado de las fuerzas sociales, se aprecia el surgimiento de nuevos actores y movimientos sociales como el estudiantil, los indígenas, los ciudadanos y los sindicatos que cuestionan el actual modelo económico y que sientan las bases para nuevos agrupamientos de carácter político no gubernamental.

 

Como respuesta a todo ello, el partido político de Estado ha tenido que abrir los mecanismos de selección interna de sus candidatos, permitiendo con esto la competencia y formas incipientes de participación de sus bases, sin que ello signifique la ruptura con el proyecto político y la estructura y los intereses que lo definen.   Tal apertura tiene sus costos en el menoscabo del poder presidencial actual, pues su capacidad de decisión se ve menguada y se traslada a los grupos de poder.

 

En los otros dos grandes partidos políticos, PAN y PRD, también existen problemas, en general se expresa en ellos una profunda dispersión con la presencia de grupos de presión que se disputan el control de la organización y destacan por su limitada capacidad organizativa, debilidad programática e ideológica, dejando de lado las plataformas políticas y los proyectos de la sociedad que son fundamentales para la población.

 

CONTEXTO SOCIAL

 

En cumplimiento de los  compromisos con el Banco Mundial, el FMI, la OMC, el Acuerdo Multilateral de Inversiones y demás organismos financieros internacionales, el gobierno mexicano continúa impulsando políticas de privatización de las áreas estratégicas; por ejemplo, la iniciativa de reforma constitucional para privatizar la industria eléctrica.

 

A pesar de que la firme oposición del Sindicato Mexicano de Electricistas logró aglutinar a amplios sectores de la sociedad y consiguió detener momentáneamente la iniciativa de privatización de la industria eléctrica, es un hecho que el gobierno mantiene su proyecto de privatización, por lo que la firma del Pacto de Solidaridad y Ayuda Mutua resulta indispensable para evitar la afectación de los derechos laborales de los trabajadores electricistas y preservar los intereses de la nación.

 

Asimismo, siguiendo una línea de colaboración, las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN, han aprobado el aumento del IVA, el aumento de precios de los servicios públicos, los recortes presupuestales para el gasto público de 1999, y la conversión de los pasivos del FOBAPROA en deuda pública, entre otras.

 

En el área de la educación superior también se impulsan políticas con el mismo enfoque privatizador.   La restricción del subsidio gubernamental para la educación, ha impactado fuertemente la calidad de la enseñanza y el acceso de los estudiantes provenientes de las secciones más desprotegidas económicamente a la educación superior.

 

Este lo que está en el fondo de conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aunque la huelga se inició como consecuencia de la modificación del Reglamento de Pagos, lo que determinó el recrudecimiento de la confrontación entre el CGH y las autoridades universitarias, fue la falta de mecanismos que propiciaran la participación de la comunidad universitaria en la definición y análisis del tipo de universidad que requiere el país.

 

Es evidente que una solución autoritaria al conflicto causaría un enorme daño a la UNAM y cancelaría la transformación, que requiere nuestra máxima casa de estudios, todo  lo anterior sin hablar de las repercusiones laborales y académicas que una solución de fuerza traería consigo.

 

Por lo anterior, la UNT se pronuncia por una arreglo que, a través del diálogo de todos los universitarios resuelva  el conflicto y propicie un proceso de renovación de la UNAM, en el que participen todos los sectores de la misma.

En materia laboral, las iniciativas para modificar la legislación también se han quedado pendientes.

 

Sin embargo, la reforma a la legislación laboral es un punto en la agenda política del gobierno y los patrones dentro de su estrategia de flexibilización laboral, que sólo espera mejores condiciones para ser impulsada.

 

Para la UNT la Reforma Laboral debe tener un carácter integral.   Esto significa que además de preservar los derechos actuales de los trabajadores, la reforma eliminará la injerencia del gobierno y de los patrones en la vida sindical, alentará la transparencia en el registro de organizaciones sindicales, combatirá las prácticas corporativas y los contratos de protección y propiciará la participación de los trabajadores en la modernización de las empresas por medio de la profesionalización del trabajo implementando programas de capacitación.

 

Una reforma que no cumpla con estos propósitos corre el riesgo de convertirse en un retroceso que otorgue una mayor flexibilidad a los sistemas laborales y termine por afectar los derechos fundamentales de los trabajadores en beneficio del capital transnacional y del sindicalismo oficialista.

 

En el campo, la crisis económica se ha recrudecido por la descapitalización de las agroindustrias, la falta de crédito oportuno y de modernización de todo el sector agropecuario.

 

El continuo deterioro del campo mexicano, ha traído como consecuencia el empobrecimiento de las mujeres y los hombres del campo, con la consiguiente migración hacia las ciudades, así como al extranjero.

 

En su último informe, la CEPAL registra que el número de hogares dentro de la línea de la pobreza pasó del 36% al 43% entre 1984 y 1996, lo que representa un incremento del 20% de la pobreza en nuestro país, lo que significa que actualmente existen cincuenta millones de mexicanos pobres.   En términos reales esto se traduce en un retroceso de 50 años, en los niveles históricos de pobreza.

 

El conflicto en Chiapas sigue sin resolverse y tiende a agravarse con la emergencia de otros movimientos indígenas y campesinos en Oaxaca y Guerrero.   Estos sectores buscan hacer valer sus legítimos derechos e intereses y defenderse contra el abandono y la miseria a la que son sometidas sus poblaciones.  La respuesta gubernamental es la represión, el desconocimiento de sus representaciones, de sus formas de organización y la cerrazón del diálogo.

 

La actual crisis del sistema político, el impass en la correlación de fuerzas y la transición no pactada, generan gran incertidumbre sobre el futuro de nuestro país.  La sociedad mexicana se halla entonces, ante la disyuntiva de optar por un retroceso político hacia el conservadurismo o la consolidación y ampliación de los espacios democráticos.

 

Por todo lo anterior, se hace evidente que en la coyuntura actual, reviste y cobra mayor fuerza la necesidad de que los trabajadores y sus organizaciones, trasciendan con presencia política e incidan en la conquista y ampliación de los espacios democráticos, con una plataforma política que ponga en el centro la reconstrucción de la economía, desde la microeconomía; la recuperación del poder adquisitivo del conjunto de la población trabajadora, la utilización plena de la capacidad física instalada del sector productivo, la integración de las cadenas productivas y la participación regional de las economías, basándose en la modernización e innovación tecnológicas y en la redistribución de la riqueza generada.

 

Esta nueva plataforma social se propondrá resolver sobre la base del desarrollo productivo, la pobreza y la satisfacción de las necesidades sociales prioritarias de los mexicanos: educación, salud, vivienda, recreación, es decir, se pretende elevar sustancialmente la calidad de vida y del trabajo, para que la reforma del Estado transite hacia un nuevo pacto social incluyente.